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Ciencia y Tecnología en la última dictadura militar. Las instituciones de producción científica/técnica relegadas en el gobierno de facto.

En relación a la semana sobre la Memoria, Verdad y Justicia, desde la columna del Campus Virtual de la UNLa, conversamos sobre la situación del campo de la ciencia y la tecnología durante el gobierno de facto, en particular la relación con las instituciones de ciencia y técnica, INTA y CONICET.

Nos preguntamos cuál fue la importancia que le otorgó el gobierno de facto al desarrollo tecnológico de la Nación a fin de avanzar en las investigaciones que al momento del golpe militar se estaban llevando a cabo, por lo tanto indagamos en algunos documentos que arrojan luz algunos acontecimientos infames para el sector.

En esta búsqueda nos encontramos con una investigación llevada a cabo por la doctora Cecilia Gárgano, la cual nos orienta sobre las acciones cometidas desde el momento del golpe y hasta la vuelta de la democracia en torno a la intromisión en el INTA y CONICET.

“Con la concreción del golpe, iniciado en marzo de 1976, al frente del instituto fue designado primero un interventor militar. Permaneció cinco meses, en los que se implementaron el grueso de las cesantías y se coordinó un fuerte operativo militar en el CNIA de Castelar.

La intervención recayó luego en un civil, David Arias, de profesión abogado y activo inversor del grupo La Martona S. A. En 1976, la Ley 21.260 autorizó a dar de baja por “razones de seguridad” a empleados públicos sospechados, según fundamentaba su texto, de estar vinculados a actividades “de carácter subversivo o disociadoras”[1].  En total sumaron 794 integrantes del INTA separados del organismo entre 1974 y 1981 por razones políticas e ideológicas.

El 29 de marzo de 1976, el CNIA fue objeto de un operativo militar de gran despliegue, parte del personal fue conducido al comedor del Centro e interrogado, sometidos algunos a simulacros de fusilamiento.(…) Decenas fueron detenidos posteriormente y permanecieron por sesenta días en una comisaría de la zona. Entre ellos: el físico-químico Alfredo Giorgi, investigador del Centro de Plásticos del INTA, y María del Carmen Artero de Jurkiewicz, secretaria del Centro de Química. 

Ahora bien, no sólo de detenciones y secuestros se ocupó el interventor del organismo, sino también de la proliferación de “designaciones de directores interinos en sus distintas unidades experimentales y la renovación de la conducción de departamentos, centros de investigación y agencias de extensión rural”. Característica importantísima dado que los puestos eran ocupados por personas con escasa o nula capacidad de gestión o conocimiento sobre el área.

Siguiendo un camino basado en la eficiencia administrativa se incrementaron los convenios con el sector privado y la tercerización de algunos rubros de producción científica. Es decir, los objetivos iniciales del INTA se verían desfigurados, dejando de lado las acciones emprendidas originalmente:    “ La preocupación en torno a problemáticas situadas local y regionalmente, la revisión de la adopción acrítica de categorías importadas, la preocupación en torno al relevamiento de las condiciones de vida y trabajo de diversas franjas sociales de agricultores, y del grado de acceso a los recursos naturales, en los que la tierra ocupaba un rol destacado, quedaron fuera de la agenda. El perfil fue así modificado y desmantelados buena parte de los equipos. Esta situación fue acompañada por la clausura de una instancia de posgrado, la Escuela para Graduados en Ciencias Agropecuarias, que funcionaba desde 1969”.

En otras palabras, se trataba de desarticular todo espacio de producción nacional que intentara vincular los aspectos sociales con los productivos, como así también aquellos que en sus investigaciones resaltaran las inequidades al interior del sector rural y las demandas tecnológicas para que resolvieran dichas inequidades. El trabajo pensado y reflexionado en pos de las mejoras condiciones productivas y sociales de los sujetos eran vista como subversivas.

El CONICET, no fue ajeno a esta situación, además de los arrestos y despidos (por razones idelógicas) también vivenció la reestructuración ampliando la creación de institutos propios de la institución –sin vinculación con las universidades– pasó de siete a mediados de los años setenta a 116 en 1983, el presupuesto del CONICET se multiplicó por siete y los gastos de funcionamiento por doce. Desvinculando a la institución de las universidades en desmedro de las investigaciones. De acuerdo con Gregorio Weinberg (citado por Gárgano, c) mientras que, entre 1972 y 1975, los gastos en investigación de las universidades representaban, en promedio, el 24,15 % del presupuesto total, durante los años de la dictadura estos gastos se redujeron al 7,8 %. Inversamente, mientras que durante el primer período señalado el presupuesto asignado al CONICET representó el 11,4 % de las inversiones públicas en ciencia y tecnología, durante la dictadura pasó al 23 %.

La política de represión y  desmedro de la producción nacional como resultado del vaciamiento del Estado desde los primeros años de la dictadura militar fueron sin lugar a dudas la antesala de un camino en franca caída de la economía regional, la desvinculación entre tecnología y demandas sociales (como contracara de una ciencia que comenzaba a romper con el abordaje tradicional de la misma) y la atención al sector agrario /ganadero exclusivamente, desatendiendo la necesidades de innovación en la industria nacional. Por otro lado, cualquier aspecto innovador o disruptivo pasaba a ser subversivo y digno de aniquilar.

 


[1] Gargano, C (2015) Continuidades y rupturas en el complejo científico-tecnológico 1976-1983. EN: Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX | Año 6, Volumen 6, 2015, ISSN: 1688-7638 Recuperado en: http://www.geipar.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2017/02/03_gargano.pdf

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